INEGI reporta alto rechazo de quejas de transparencia en San Luis Potosí; no hubo sanciones en 2024

San Luis Potosí se ubicó entre las entidades con mayor número de recursos de revisión en materia de transparencia, pero también entre las que registraron una proporción elevada de impugnaciones desechadas, de acuerdo con el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El informe contabilizó 2 mil 527 recursos de revisión en la entidad, el quinto volumen más alto del país. De ese total, el organismo garante local desechó el 48.4% y admitió el 51.6%. La proporción de recursos desechados fue superior al promedio nacional, de 15.3%, y colocó a San Luis Potosí en el segundo lugar nacional en este indicador.
En comparación, Guanajuato registró 2 mil 639 recursos y admitió el 92% para su trámite, de acuerdo con los datos citados del censo.
En materia de acceso a la información pública, el informe registró mil 716 expedientes resueltos en San Luis Potosí. De estos, el 54.2% concluyó mediante sobreseimiento o desechamiento, mientras que en el 6.8% de los casos se revocó la respuesta del sujeto obligado.
En cuanto a la protección de datos personales, el censo reportó que todos los recursos de revisión contabilizados en ese rubro fueron desechados.
El padrón estatal estaba integrado por 254 sujetos obligados, entre ellos 102 entes municipales, 83 pertenecientes al Poder Ejecutivo, 24 sindicatos y 18 fideicomisos, además de otras instituciones sujetas a las disposiciones de transparencia.
El documento también registró 9 mil 831 solicitudes de información recibidas por los sujetos obligados potosinos, pero contabilizó 388 respuestas en el apartado correspondiente. La misma cifra se reportó para las respuestas atendidas directamente por el organismo garante.
El dato plantea una diferencia entre el volumen de solicitudes y las respuestas registradas en el censo; sin embargo, por sí solo no permite determinar cuántas peticiones quedaron sin contestar, por lo que es necesario considerar la metodología y las categorías estadísticas utilizadas por el INEGI.
En el rubro financiero, el organismo garante de San Luis Potosí ejerció 25.9 millones de pesos, una cifra inferior a la reportada para Guanajuato, con 54.4 millones, y Jalisco, con 64 millones.
A pesar de contar con ese presupuesto, el organismo registró 18 titulares de unidades administrativas dentro de una plantilla de 60 trabajadores. El dato lo colocó entre las instituciones con mayor proporción de cargos directivos en relación con el tamaño de su personal.
El censo también indicó que durante el periodo de levantamiento la entidad no había completado la transición constitucional relacionada con su sistema de transparencia.
Entre los indicadores de integración institucional, San Luis Potosí destacó por la participación femenina. El informe ubicó a la entidad entre las 13 que contaban con un Consejo Consultivo constituido, en el cual las mujeres representaban el 60% de sus integrantes.
Asimismo, las mujeres ocupaban el 66.7% de los puestos del Pleno y representaban una proporción similar de la plantilla laboral, porcentajes que situaron al estado entre los primeros lugares nacionales en ambos rubros.
Los datos del INEGI ofrecen un panorama de los recursos de revisión, las resoluciones, el presupuesto y la composición del organismo garante. La información permite identificar áreas que requieren mayor claridad, aunque la evaluación de su desempeño también exige considerar los criterios de admisión, los motivos de desechamiento y el alcance de las obligaciones de transparencia de cada institución.










