Denuncia IFSE a exalcalde de Axtla por desfalco de 14.5 mdp en unidad deportiva; descartan “obra fantasma” pero confirman sobreprecios

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) interpuso una denuncia penal por presuntas irregularidades financieras y administrativas que ascienden a 14.5 millones de pesos en la construcción de la Unidad Deportiva Garzas Blancas, ejecutada con recursos del ejercicio fiscal 2024 durante la administración del exalcalde de Axtla de Terrazas, el morenista Gregorio Cruz Martínez. Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del organismo, confirmó que la querella fue turnada a las autoridades ministeriales hace un mes, luego de que el Área de Investigación detectara la evasión deliberada de la licitación pública para otorgar el millonario contrato por adjudicación directa, simulando una falsa urgencia para favorecer a un contratista.

El expediente derivado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2024 documenta que las anomalías no se limitaron al proceso de contratación. La auditoría reveló el pago a sobreprecio, volúmenes liquidados en exceso, falta de documentación técnica y comprobatoria, así como deficiencias físicas al ejecutar conceptos fuera de las especificaciones del proyecto original y la omisión de retenciones de ley. Lecourtois López advirtió que estas acciones configuran responsabilidades graves que podrían tipificarse como peculado, desvío de recursos, cohecho, tráfico de influencias y abuso de autoridad. Aunado a la obra deportiva, el IFSE reportó cuantiosas observaciones económicas adicionales en los rubros de materiales, suministros y servicios generales ejercidos durante el último año de gestión del exedil.

Los hallazgos técnicos del organismo fiscalizador dan un nuevo matiz a la controversia política en la Huasteca. Apenas el pasado 22 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona acusó públicamente a Cruz Martínez de haberse apropiado de 20 millones de pesos de una obra que, según sus palabras, “no fue construida”. Sin embargo, los dictámenes del IFSE coinciden con evidencias documentales que confirman la existencia física de la unidad deportiva, centrando el peso de la denuncia penal no en el cobro de una obra fantasma, sino en la corrupción sistemática de su proceso de asignación, el encarecimiento inflado de los trabajos y la mala calidad de la infraestructura entregada.