Rector de la UASLP cede y emite nueva disculpa pública; persiste crisis en la institución

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) continúa inmersa en un clima de severa turbulencia institucional. Tras un primer intento por “suavizar” un mandato judicial, la máxima autoridad de la institución se vio obligada a recular, en medio de un escenario que también suma graves señalamientos de represalias contra docentes que denuncian violencia de género en la Facultad de Derecho. Ambos casos ponen en entredicho la efectividad y la imparcialidad de los mecanismos internos de la universidad.

Luego de que la UASLP intentara cumplir a medias la sentencia del expediente laboral 2021/2023 publicando un escueto comunicado a través de la Abogacía General, el Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado asestó un nuevo golpe a la institución. El juez Miguel Ángel Valenzuela Saldias rechazó este primer intento y lanzó una contundente advertencia: o se cumplía la orden al pie de la letra en un plazo de diez días, o la universidad enfrentaría una multa de mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 117 mil 310 pesos.

Acorralados por el requerimiento legal, este 24 de agosto apareció una segunda disculpa pública en el perfil del Sistema de Bibliotecas. A diferencia del primer texto, este documento sí está firmado expresamente por el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y, acatando la orden del juez, señala con nombre y apellido a la responsable del hostigamiento contra la trabajadora Rosalina Vázquez Tapia:

“Por mandato de la referida sentencia ofrece disculpas públicas a Rosalina Vázquez Tapia, por los hechos atribuibles a Guadalupe Patricia Ramos Fandiño, titular del Sistema de Bibliotecas de la UASLP”.

El Tribunal también reiteró la obligación de comprobar la restitución de los derechos laborales de Vázquez Tapia —reintegrándola como jefa de la Biblioteca Virtual con horario flexible— e informar sobre los avances de la investigación formal iniciada contra Ramos Fandiño.

A pesar de la resolución judicial, fuentes internas cercanas a la institución revelaron que el hostigamiento no es un hecho aislado, sino el resultado de una encarnizada disputa política. De acuerdo con los testimonios, la fricción estalló cuando Vázquez Tapia, quien aspiraba a la jefatura general de todas las bibliotecas, perdió el cargo frente a la doctora Ramos Fandiño.

Al asumir el poder, la nueva titular presuntamente desmanteló la Biblioteca Virtual con el único fin de degradar a su rival, relegándola a un espacio de menor tamaño y negándole permisos sistemáticamente. Las mismas fuentes advierten sobre un ambiente de profunda toxicidad en el área, señalando que la propia Vázquez Tapia también habría ejercido fuertes prácticas de acoso laboral contra otros trabajadores cuando ella ostentaba posiciones de poder.

Paralelamente, la crisis de la UASLP se extiende a la Facultad de Derecho, donde la doctora Carla Monroy Ojeda —Investigadora Nacional Nivel I (SNII) y perfil PRODEP— fue notificada de su despido bajo el argumento administrativo de no haber acreditado su tercera evaluación para obtener un contrato por tiempo indeterminado.

Para Monroy y la colectiva feminista “Las 6N”, esta decisión es, en realidad, un despido injustificado y la culminación de una “cacería de brujas”. El conflicto se remonta a octubre de 2025, cuando el encubrimiento inicial de una agresión sexual contra una alumna derivó en paros estudiantiles y la renuncia del entonces director, Germán Pedroza Gaitán.

Durante el tenso proceso de sucesión, la colectiva denunció la exclusión sistemática de perfiles feministas y el hostigamiento por parte de grupos de poder internos, impulsados por profesores varones señalados por violencia de género. Curiosamente, a diferencia de las mujeres denunciantes, estos catedráticos no han recibido sanción alguna.

La investigadora afectada interpuso un recurso de inconformidad señalando la total falta de criterios objetivos en su evaluación. Mientras tanto, la Defensoría de los Derechos Universitarios ha guardado silencio ante ambos conflictos, dejando la puerta abierta para que el caso de la Facultad de Derecho escale, al igual que el del Sistema de Bibliotecas, hacia los tribunales laborales del estado.