Habitantes de La Peña exigen destitución y cárcel para alcaldesa de Tampamolón tras violento desalojo

Pobladores de la comunidad indígena de La Peña, en el municipio de Tampamolón Corona, se manifestaron a las afueras de Palacio de Gobierno para exigir la destitución y el encarcelamiento de la presidenta municipal, Silvia Medina Burgaña. Las familias afectadas la señalan como la principal responsable de ordenar un violento desalojo el pasado 9 de junio, el cual derivó en la demolición de viviendas, destrucción de cultivos y presuntas agresiones físicas.

Durante su protesta, los comuneros desmintieron categóricamente las declaraciones del Ayuntamiento, el cual argumentó que en la zona del litigio (un predio de diez hectáreas) únicamente habitaban dos familias y que el lugar era considerado una colonia.

Por el contrario, los pobladores puntualizaron que La Peña es una comunidad indígena conformada por hablantes de las lenguas tének y náhuatl, integrada por cerca de cien familias que mantienen la posesión del terreno —una superficie cercana a las 200 hectáreas— desde hace más de 30 años. Asimismo, aseguraron que existen expedientes en diversas dependencias gubernamentales que acreditan su antigüedad y arraigo en el lugar.

El operativo, relataron los afectados, se llevó a cabo sin previo aviso. Olga, una de las habitantes desalojadas, denunció que las autoridades llegaron acompañadas por elementos armados, quienes obligaron a las familias a abandonar sus hogares bajo la lluvia, impidiéndoles sacar sus pertenencias.

De acuerdo con los testimonios, la orden judicial presuntamente solo contemplaba el desalojo del terreno, pero las autoridades procedieron a destruir las viviendas. Los comuneros acusaron el uso de maquinaria pesada para derribar al menos diez casas y cubrir los escombros con tierra en un intento por eliminar evidencias. Además de la pérdida de sus hogares, denunciaron la destrucción de árboles frutales y cultivos, así como el robo de muebles y objetos personales, dejando a las familias en una situación de vulnerabilidad extrema.

Los representantes de la comunidad fueron claros en sus exigencias: “Queremos cárcel para la señora Silvia Medina Burgaña, su secretaria, su síndica y el comandante Pedro M. Sánchez, Abraham Bautista y uno de la Fuerza Estatal Civil, que son los que participaron de lleno junto con los municipales, también en golpearnos”.

Aunado a la demanda de justicia penal y reparación integral del daño, los pobladores denunciaron ser víctimas de intimidación continua, señalando que personas no identificadas realizan patrullajes para tomar fotografías y videos de quienes participan en las manifestaciones.

Ante la falta de soluciones a nivel local, los habitantes adelantaron que en los próximos días viajarán a la Ciudad de México para exponer el caso directamente ante la presidenta de la República, buscando la urgente intervención del Gobierno Federal para frenar lo que consideran una grave violación a los derechos de las comunidades indígenas.