Buscan castigar como abuso de poder la violencia política de género en el servicio público de SLP
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa para reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de que se considere abuso de funciones cuando un servidor público incurra en violencia política en razón de género o violencia institucional.
La propuesta plantea que se sancione a los funcionarios que, aprovechando su cargo o atribuciones, realicen o induzcan actos u omisiones arbitrarias que generen beneficios indebidos, causen perjuicios a una persona o afecten el correcto funcionamiento del servicio público.
De igual manera, se busca establecer que incurrirá en abuso de funciones quien ejerza violencia política en razón de género, ya sea de forma directa o a través de terceros, así como quienes incurran en conductas contempladas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa también contempla sancionar actos u omisiones dolosas que, por motivos de género, obstruyan, retrasen o entorpezcan la administración de justicia, lo que afectaría el desempeño institucional.
En su exposición de motivos, la legisladora señaló que el objetivo es garantizar que el ejercicio del poder público se realice con responsabilidad, legalidad y respeto a la dignidad humana, evitando prácticas discriminatorias basadas en estereotipos de género.
“No se trata de crear privilegios, sino de reconocer que la igualdad formal no siempre se traduce en igualdad real, por lo que es necesario adoptar medidas que corrijan prácticas discriminatorias y garanticen condiciones equitativas”, puntualizó.
Asimismo, destacó que la reforma busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, enviando el mensaje de que el servicio público no debe utilizarse como herramienta de presión, exclusión o castigo por motivos de género.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Gobernación, con opinión de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado.
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