Impulsan nueva Ley de Mecanismos Alternativos para modernizar la justicia en San Luis Potosí
Con el objetivo de fortalecer la resolución pacífica de conflictos y actualizar el marco jurídico estatal, el diputado Carlos Arreola Mallol presentó una iniciativa para expedir la nueva Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado de San Luis Potosí, así como reformas a diversas legislaciones locales para armonizarlas con las disposiciones federales en la materia.
La propuesta contempla modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, con el fin de establecer un marco normativo moderno, coherente y acorde con el sistema federal.
De acuerdo con el legislador, la iniciativa busca sustituir la actual Ley de Mediación y Conciliación, publicada el 15 de abril de 2014 en el Periódico Oficial del Estado, ya que esta normativa resulta limitada frente a los nuevos esquemas de solución de controversias.
El diputado explicó que la legislación vigente se concentra principalmente en los mecanismos de mediación y conciliación, pero no regula de forma integral la negociación ni la negociación colaborativa, además de que carece de un régimen moderno de arbitraje y de herramientas que permitan la operación digital y la interoperabilidad de convenios.
Asimismo, recordó que durante 2025 San Luis Potosí llevó a cabo una reconfiguración del Poder Judicial, mediante la expedición de una nueva Ley Orgánica que creó el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, además de reconocer al Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y de Promoción de Cultura de Paz como órgano auxiliar desconcentrado.
“Esta nueva arquitectura institucional exige que la ley estatal utilice definiciones actualizadas y distribuya adecuadamente las atribuciones de administración, certificación, vigilancia y disciplina”, explicó.
La propuesta legislativa también adopta buenas prácticas aplicadas en otras entidades federativas, delimita con mayor claridad la materia penal, establece reglas sólidas para el sistema de convenios y crea un régimen específico para la aplicación de mecanismos alternativos en materia administrativa.
La iniciativa fue turnada a la Comisión Segunda de Justicia para su análisis y eventual dictamen
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