Sheinbaum confirma fuerte red ferroviaria de huachicol con operaciones clave en SLP

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este martes durante su conferencia matutina el informe detallado de la Fiscalía General de la República (FGR) que confirma la existencia de una histórica red de contrabando de hidrocarburos operada a través de vías férreas. De acuerdo con el documento oficial, San Luis Potosí fungió como una pieza fundamental dentro de la ruta logística utilizada para el traslado del combustible ilegal, en un caso de “huachicol ferroviario” que habría provocado un daño a la hacienda pública estimado en más de cuatro mil millones de pesos tras registrarse miles de operaciones irregulares.

La investigación federal, que hoy se sustenta con 96 datos de prueba que incluyen peritajes químicos, mecánicos, fotográficos y criminalísticos, tuvo su origen con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila. Sin embargo, las diligencias se ampliaron rápidamente al analizar la cadena logística completa, lo que permitió identificar otros vagones vinculados a la misma red en el patio ferroviario del municipio potosino de Vanegas y en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El modus operandi de esta organización consistía en una importación irregular donde se declaraba falsamente ante las autoridades aduaneras únicamente el 10 por ciento del producto que realmente contenían los tanques.

El riguroso rastreo documental y financiero llevó a las autoridades a ubicar a la empresa Ingemar S.A. de C.V. como la importadora principal de esta red. Esta sociedad fue constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México por José Merino Valdés Cuervo. La evolución corporativa de la firma resultó clave para la indagatoria, ya que apenas dos meses después de su creación se incorporó al capital variable el exgobernador de Baja California, Ernesto Guillermo Ruffo Appel. Para el año 2021, el exmandatario ya fungía como Secretario del Consejo de Administración, tomando de manera conjunta decisiones estratégicas, legales y operativas ligadas al manejo, almacenamiento e importación de hidrocarburos.

Ante los hechos, la FGR fue contundente en su comunicado al descartar que la vinculación a proceso de Ruffo Appel con otros siete coacusados obedezca a una persecución política, pese a que el exgobernador es identificado como un perfil cercano al PAN y actual financiador del recién creado partido “Somos México”. La dependencia federal reiteró que las investigaciones están estrictamente apegadas a derecho, basadas en evidencia pericial, y recordó que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa por mandato constitucional. Mientras el proceso judicial avanza, las autoridades se enfocarán en acreditar en la investigación complementaria el daño patrimonial derivado de más de cuatro mil operaciones de contrabando detectadas en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria.