Robos y fraudes encabezan la incidencia delictiva en San Luis Potosí

Entre enero y julio de este año, la incidencia delictiva en San Luis Potosí ha dejado un saldo alarmante de 36 mil 990 víctimas de fuero común. De acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la radiografía de la inseguridad en la entidad revela que los ciudadanos enfrentan amenazas constantes tanto en la vía pública como al interior de sus propios hogares.
Los delitos contra el patrimonio representan, por mucho, el principal dolor de cabeza para las familias del estado. Más de 12 mil personas sufrieron afectaciones directas a sus bienes o ahorros durante los primeros siete meses del año. Esta estadística refleja una preocupante vulnerabilidad patrimonial como el robo vehicular pues se denunció el hurto de 515 motocicletas y 429 automóviles en la entidad. El robo a casa habitación dónde 317 familias vivieron la pesadilla de sufrir un allanamiento y saqueo en sus domicilios. Y finalmente los Fraudes ya que se reportó que más de 700 potosinos cayeron en engaños y estafas, perdiendo en muchos casos los ahorros de toda su vida.
Más allá de la inseguridad en las calles, los datos del SESNSP evidencian una profunda crisis en el tejido social. El hogar se mantiene como uno de los espacios de mayor riesgo, registrando más de 2 mil 300 víctimas de violencia familiar, un delito que afecta abrumadoramente a mujeres, niñas y niños.
Paralelamente, los crímenes de índole sexual muestran una realidad dolorosa que suele ocultarse por miedo o vergüenza. Oficialmente se contabilizan casi mil 200 víctimas, siendo el abuso sexual y la violación las agresiones que más han marcado a la comunidad.
En el renglón de la integridad física, los números son crudos y reflejan un clima de alta tensión ciudadana. Cerca de 300 personas perdieron la vida en homicidios (intencionales o por accidentes vehiculares), mientras que más de 3 mil 200 ciudadanos sufrieron lesiones que requirieron intervención médica y legal. A esto se suman 2 mil 145 denuncias por amenazas directas y cuatro dolorosos casos confirmados de feminicidio.
Las cifras dejan una conclusión muy clara: el reto de pacificar a San Luis Potosí trasciende la labor operativa de desplegar más policías o comprar patrullas; exige políticas públicas urgentes para prevenir el fraude, reconstruir el tejido social y frenar de tajo la violencia que se incuba en los propios hogares.












