Buscan cerrar la puerta a la adopción con fines de lucro en San Luis Potosí

San Luis Potosí, S.L.P.– Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, la diputada Diana Ruelas Gaitán presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado para reforzar el marco jurídico en materia de adopciones, establecer requisitos más estrictos de idoneidad y prohibir de manera expresa cualquier forma de lucro o beneficio indebido en estos procesos.

La propuesta establece con mayor claridad quiénes pueden ser sujetos de adopción, incluyendo a niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad que no cuenten con quien ejerza la patria potestad, que se encuentren en situación de abandono, bajo resguardo de Centros de Asistencia Social o bajo tutela del Estado. También contempla los casos en los que, aun existiendo patria potestad, se otorgue consentimiento expreso ante la autoridad competente y con ratificación judicial.

De acuerdo con la legisladora, esta precisión normativa busca evitar interpretaciones ambiguas que puedan generar discrecionalidad, brindando mayor certeza jurídica tanto a las autoridades como a las personas involucradas en el proceso de adopción.

La iniciativa también reconoce de forma explícita diversos derechos para las personas adoptadas, entre ellos:
• Llevar los apellidos del adoptante o adoptantes.
• Gozar de los mismos derechos y obligaciones que existen en el parentesco por consanguinidad.
• Recibir atención psicológica y médica durante el proceso.
• Ser informados, conforme a su edad y grado de madurez, sobre los alcances y consecuencias de la adopción.

Asimismo, se plantean nuevos impedimentos para adoptar, como contar con una sentencia condenatoria firme por violencia familiar, delitos contra las mujeres por razón de género, delitos sexuales o contra el desarrollo psicosexual, así como estar inscrito en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas, salvo que se compruebe el pago total de los adeudos.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la prohibición expresa de cualquier beneficio económico, material o de otra índole relacionado con el proceso de adopción, ya sea por parte de familiares de origen, particulares, instituciones públicas o privadas, o autoridades involucradas.

La legisladora subrayó que la adopción debe ser un acto de protección y restitución de derechos para la niñez, y no un mecanismo de intermediación con fines lucrativos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado para su análisis y dictamen.