Tribunal confirma deuda de SLP con el SAT por más de mil 600 mdp

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí sufrió un duro revés legal luego de que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmara un crédito fiscal en su contra por mil 615.1 millones de pesos. El millonario adeudo corresponde a cuotas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que fueron retenidas a burócratas estatales durante el ejercicio fiscal 2018, pero que jamás fueron entregadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante sesión pública, el TFJA aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Eduardo Santillán Pérez (juicio 2032/24-25-01-4/254/26-PL-01-04), el cual desestimó por completo la defensa de la administración potosina. El fallo jurisdiccional determinó que el gobierno estatal no logró acreditar que los pagos efectuados a los trabajadores cumplieran con el requisito de “generalidad” exigido por la Ley del ISR para considerarlos exentos del impuesto. Las autoridades de San Luis Potosí ignoraron los diversos requerimientos previos emitidos por el SAT para que estuvieran en posibilidad de subsanar las irregularidades detectadas durante la revisión. Los alegatos del estado sobre una supuesta omisión en la valoración de pruebas o caducidad en el plazo de emisión del fallo fueron calificados jurídicamente como infundados.

El adeudo, originado durante la administración del exgobernador priista Juan Manuel Carreras López, incluye recargos, multas y actualizaciones. Este crédito fiscal representa una carga monumental para las arcas potosinas en la actualidad: considerando que al cierre de marzo de 2026 la deuda pública total del estado ascendía a 12 mil 157 millones de pesos, este pasivo con el SAT equivale a más del 13 por ciento de dicho compromiso financiero.

El tema tributario es especialmente sensible en la entidad. Apenas en abril pasado, maestros jubilados de telesecundaria salieron a las calles a protestar denunciando que el ISR descontado de sus pensiones no había sido enterado al SAT. Aunque hasta ahora no se ha oficializado que ese conflicto magisterial derive de la misma carpeta del crédito confirmado por el TFJA, evidencia una práctica recurrente en el manejo de las retenciones.

Pese a la contundencia de la resolución del tribunal, el litigio no ha concluido definitivamente. El Ejecutivo estatal aún tiene la posibilidad de combatir este fallo promoviendo un amparo directo ante un tribunal colegiado en materia administrativa para intentar frenar el millonario cobro.