ASF detecta irregularidades el reparto a municipios por parte del Estado

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso bajo la lupa el manejo de los recursos públicos en San Luis Potosí durante el ejercicio fiscal 2025, y los resultados han revelado un preocupante desaseo administrativo. El máximo órgano fiscalizador detectó múltiples fallas, retenciones indebidas y errores matemáticos por parte del Gobierno del Estado al momento de transferir las participaciones federales a los ayuntamientos, lo que obligó a la administración estatal a devolver más de 15.5 millones de pesos recuperados directamente a las arcas de los municipios afectados.

Para dimensionar el problema, durante ese año la Federación envió al estado una inmensa bolsa superior a los 28 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 6 mil millones debían ser distribuidos entre los 59 municipios para garantizar servicios básicos, nóminas y obras públicas. Sin embargo, el dinero no llegó intacto a su destino. El Estado aplicó una serie de recortes y retenciones que sumaron 372.5 millones de pesos bajo el argumento de cobrar deudas municipales de luz ante la CFE, adeudos de impuestos sobre la renta (ISR) y anticipos previos, dejando a los ayuntamientos con un total neto de poco más de 5.5 mil millones de pesos.

Tras una revisión minuciosa donde se encontraron 17 situaciones irregulares, saltó a la vista un insólito error contable al interior de la Secretaría de Finanzas. A la dependencia prácticamente se le escapó un cero de más, registrando un ingreso en un fondo por más de 1,116 millones de pesos cuando la cifra real era de apenas 116 millones. A la par de este descuido documental, la ASF detectó que entre julio y diciembre de 2025, el Estado utilizó una fórmula mal calculada para repartir un bono extra, perjudicando económicamente a siete ayuntamientos y entregando dinero de sobra a otros 28, lo que forzó a la administración a sacar la cartera y reponer más de 10 millones de pesos, ya con intereses incluidos, a los verdaderos dueños del recurso.

Uno de los golpes financieros más absurdos y severos descubiertos por la auditoría lo recibió el ayuntamiento de Tamazunchale. El Gobierno del Estado le descontó arbitrariamente más de 5 millones de pesos acusando una supuesta deuda de impuestos por parte del Instituto Tecnológico Superior del municipio. Tras la intervención de la ASF, quedó claro que dicho instituto depende directamente del nivel estatal y no de las finanzas municipales, forzando la restitución de casi 5.5 millones de pesos. Un error similar, aunque de proporciones minúsculas, ocurrió en la capital potosina, a la cual le descontaron de sus arcas 596 pesos correspondientes a las obligaciones fiscales de Ciudad Fernández, dinero que también tuvo que ser reembolsado.

Finalmente, el órgano fiscalizador advirtió que estas graves equivocaciones no pueden quedar archivadas como simples anécdotas contables. La ASF dejó una tarea imperativa: el Gobierno del Estado debe solicitar al Congreso Local una modificación urgente a la Ley de Coordinación Fiscal para que las fórmulas matemáticas de reparto, especialmente en los rubros de predial y agua, sean transparentes y no dejen margen a la confusión. A la par, la Contraloría estatal ya ha abierto los expedientes necesarios para investigar y sancionar a los servidores públicos que, al apretar mal los botones y autorizar firmas a la ligera, estuvieron a punto de dejar a varios municipios sin el dinero vital para tapar baches, iluminar sus calles y pagar a sus policías.