Gallardo firma iniciativa para derogar la “Ley Serrano”

El gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, firmó este jueves el documento oficial con la iniciativa para derogar la llamada “Ley Serrano”, una normativa estatal pionera pero controversial, diseñada para castigar penalmente el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA). El oficio fue entregado directamente a la diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado.

El anuncio y la entrega del documento tuvieron lugar en el Salón de Gobernadores del Palacio de Gobierno, en el marco del Primer Encuentro Estatal por la Innovación, Derechos Humanos e Inteligencia Artificial. Este foro reunió a diversas autoridades y especialistas tecnológicos para debatir, precisamente, sobre el delicado equilibrio entre la regulación del avance tecnológico y el pleno respeto a los derechos humanos en la entidad.

Aprobada hace apenas unos meses, en noviembre de 2025, la legislación fue impulsada por el diputado del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés. Su objetivo central era frenar la desinformación y el daño moral, tipificando como delito la recreación o imitación de personas mediante IA sin su consentimiento.

De acuerdo con las modificaciones hechas al Código Penal del estado, las sanciones vigentes estipulaban:

• Uso no autorizado de imagen o voz: Castigaba con penas de uno a tres años de prisión y multas de 100 a 300 UMA a quien simulara la apariencia, voz o identidad de un particular.
• Manipulación institucional: Sancionaba con tres a seis años de cárcel y multas de 300 a 600 UMA la creación o difusión de contenido falso que simulara declaraciones oficiales para alterar la confianza pública.

La propuesta de derogación por parte del Ejecutivo llega poco después de que la ley se aplicara por primera vez en San Luis Potosí. El pasado 24 de mayo, elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a dos mujeres, señaladas por su presunta responsabilidad en la manipulación de imágenes utilizando herramientas de Inteligencia Artificial.

Sobre este caso sin precedentes, la titular de la FGE, Manuela García Cázares, confirmó que el proceso se enmarcó dentro de las adiciones promovidas por la Ley Serrano. “Es ahí en los delitos, en un título de los delitos contra la dignidad, y es un delito que fue adicionado y, bueno, ahí cualquier persona puede denunciar”, detalló la fiscal en su momento.

Ahora, el futuro de esta tipificación penal quedará en manos del Poder Legislativo, que deberá analizar y votar la iniciativa de derogación presentada por el gobernador.