Dos detenidos por uso indebido de Inteligencia Artificial, confirma FGE

La fiscal general del estado, Manuela García Cázares, confirmó la detención de dos personas por su presunta responsabilidad en el uso indebido de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) para difundir contenido manipulado. Este caso representa la primera aplicación oficial del nuevo tipo penal aprobado por el Congreso de San Luis Potosí en noviembre de 2025, el cual castiga la alteración digital de imágenes, voces o identidades sin el consentimiento de los involucrados.

Tras la difusión del caso en redes sociales, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) aclaró que el expediente ya fue turnado ante un Juez de Control y descartó de forma tajante que las investigaciones correspondan a un acto de censura o persecución contra los representantes de los medios de comunicación.

Las indagatorias en curso marcan un precedente en la justicia digital y el derecho a la intimidad en la entidad potosina, la conducta se encuentra tipificada dentro del apartado de Delitos contra la Dignidad en el Código Penal del Estado. La reforma contempla sanciones de hasta seis años de prisión cuando la IA se use para vulnerar la identidad digital o provocar alarma social.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, las personas detenidas —quienes operaban como administradoras de páginas de redes sociales— presuntamente utilizaron software de IA para alterar de forma ilícita imágenes y suplantar la identidad digital de una persona para difundir contenido falso.

García Cázares precisó que la identidad de la parte afectada permanece bajo estricta reserva por la naturaleza del expediente, añadiendo que, por el momento, esta es la única carpeta de investigación activa por este delito específico en el estado.

Ante la inquietud que generó el arresto dentro del gremio de comunicadores locales, el Mecanismo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas intervino para realizar un análisis del contexto de la captura.

Tras revisar las bitácoras y los perfiles de los involucrados, la instancia determinó que no existen elementos para considerar que la detención se haya dado en el marco del ejercicio periodístico. El organismo concluyó y puntualizó que el expediente obedece estrictamente a un conflicto entre particulares derivado de la manipulación ilícita de imagen e identidad con herramientas tecnológicas.

Pese a las aclaraciones de las autoridades locales, la organización internacional Artículo 19 Oficina México y Centroamérica manifestó públicamente su preocupación respecto a los alcances y la redacción de las reformas aprobadas a finales de 2025.

El colectivo en defensa de la libre expresión advirtió que ciertos conceptos incluidos en la redacción de la ley local poseen un carácter “ambiguo”. Señalaron que, de no aplicarse bajo estrictos criterios de derechos humanos, la norma corre el riesgo de prestarse a interpretaciones discrecionales que, en el futuro, terminen afectando la labor legítima de periodistas, comunicadores, creadores de contenido o administradores de páginas informativas en San Luis Potosí.