Buscan castigar con cárcel y fuertes multas la cirugía estética ilegal en San Luis Potosí

Con el propósito de fortalecer el marco legal y proteger la salud pública, se planteó una reforma al Código Penal del Estado para sancionar de manera más severa la práctica indebida de la cirugía estética en San Luis Potosí.

La iniciativa fue presentada por la diputada Frinné Azuara Yarzábal, quien propuso modificar los artículos 246 Bis y 247 del Código Penal estatal, a fin de tipificar y castigar el ejercicio ilegal de la profesión médica, particularmente en su modalidad de usurpación en procedimientos estéticos.

La legisladora explicó que la propuesta busca proteger la seguridad y la integridad de las personas, garantizar un ejercicio profesional responsable, así como armonizar la legislación local con disposiciones nacionales y reformas aplicadas en otras entidades del país.

De aprobarse, se establecerían sanciones de tres a ocho años de prisión, además de multas de 300 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), para quienes realicen procedimientos quirúrgicos con fines estéticos, actos médicos invasivos o la aplicación de sustancias, rellenos, implantes o similares, sin contar con título y cédula profesional de Médico Cirujano, ni con la especialidad legalmente reconocida en cirugía plástica, estética o reconstructiva.

Para efectos de la reforma, se consideran actos médicos invasivos aquellos que impliquen la penetración del cuerpo humano mediante instrumentos, agujas, cánulas u otros medios que pongan en riesgo la salud o la integridad física de las personas.

Azuara Yarzábal señaló que, a nivel nacional, el crecimiento acelerado de la demanda de procedimientos estéticos ha generado un mercado lucrativo que ha sido aprovechado por personas sin la formación médica adecuada. En este contexto, recordó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha advertido sobre el aumento de establecimientos irregulares que ofrecen cirugías y tratamientos invasivos sin cumplir con las normas sanitarias, lo que representa un riesgo directo para la salud pública.

La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones Primera de Justicia, así como de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado.