Congreso de SLP aprueba tipificar la pederastia como delito con penas más severas

El Congreso del Estado de San Luis Potosí avaló una reforma trascendental al Código Penal estatal, incorporando el Capítulo IV Bis “Pederastia” y los artículos 182 Bis y 182 Ter, con lo que este delito queda formalmente tipificado y sujeto a sanciones más estrictas.
La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, explicó que esta figura jurídica sanciona a quienes, abusando de una relación de confianza, subordinación o superioridad, cometen actos de carácter sexual contra personas menores de 18 años.
La reforma establece que se impondrán de 9 a 18 años de prisión y multas de 750 a 2,250 UMAs a quien, derivado de una relación parental, docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o similar, ejecute, obligue, induzca o convenza a un menor a realizar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento.
Las mismas sanciones aplican cuando la víctima no pueda comprender o resistir la agresión.
Si existe violencia física, la pena aumentará hasta en una mitad.
Adicionalmente, el responsable podrá ser sometido a tratamiento médico integral, sin exceder el tiempo de la pena impuesta, conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal.
La reforma también contempla sanciones accesorias, como la pérdida de patria potestad, tutela, curatela, adopción y derechos alimentarios, así como cualquier derecho relacionado con los bienes de la víctima, según la legislación civil y familiar vigente.
Si el delito es cometido por un servidor público o un profesionista, la persona será inhabilitada, destituida o suspendida por un periodo igual al de la pena de prisión, además de las responsabilidades administrativas que correspondan.
Para la acreditación del daño al libre desarrollo de la personalidad de la víctima, el Ministerio Público deberá recabar dictámenes interdisciplinarios médicos, psicológicos y sociales, y su omisión será sancionada.
Finalmente, si el agresor no puede garantizar la atención médica o psicológica requerida por la víctima, será el Estado quien deba proporcionarla de manera gratuita, integral y especializada, en cumplimiento de la normativa nacional y los estándares internacionales de protección a la niñez.










