Congreso - 16/12/2025

San Luis Potosí actualiza su Constitución para reconocer plenamente los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos

El Congreso del Estado aprobó una reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con el objetivo de fortalecer su reconocimiento jurídico y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos colectivos.

La modificación al artículo noveno de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí fue impulsada por el diputado Roberto García Castillo, quien señaló que esta decisión atiende una deuda histórica con los pueblos originarios y afromexicanos, al pasar del reconocimiento discursivo a la garantía efectiva de sus derechos.

El legislador subrayó que la reforma responde a una obligación constitucional derivada de la reciente modificación al artículo 2° de la Constitución federal, la cual reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con identidad propia, autonomía y derechos colectivos.

“Esta reforma no es simbólica; es un paso concreto para construir un marco jurídico que garantice justicia, inclusión y dignidad a quienes han sido históricamente excluidos”, expresó García Castillo durante la sesión plenaria.

Entre los alcances de la reforma se contempla el derecho a desarrollar, practicar, fortalecer y promover la medicina tradicional, incluida la partería en la atención del embarazo, parto y puerperio. Asimismo, se garantiza que las personas indígenas y afromexicanas cuenten con asistencia de intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística.

El nuevo marco constitucional también reconoce el derecho al desarrollo integral conforme a sus propias formas de organización económica, social y cultural, con respeto a la integridad del medio ambiente y los recursos naturales.

Además, se incorpora el derecho a la promoción, reconocimiento y protección de sus conocimientos y aportaciones a la historia nacional y a la diversidad cultural, así como su inclusión en el Sistema Educativo Nacional y en la generación de estadísticas, censos y encuestas oficiales, respetando su identidad y auto adscripción.

La reforma reconoce de manera explícita el derecho de las mujeres indígenas y afromexicanas a participar en condiciones de igualdad en los procesos de desarrollo y en la toma de decisiones públicas, así como el acceso efectivo a la educación, la salud, la propiedad de la tierra y demás derechos humanos.

Finalmente, se garantiza el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos a recibir atención adecuada en sus propias lenguas, para el ejercicio pleno de sus derechos a la educación, la salud, la tecnología, el arte, la cultura, el deporte y la capacitación para el trabajo, asegurando una vida libre de exclusión, discriminación y violencia, particularmente la violencia de género y sexual.