Municipios con programas sociales registrados accederán a mayor presupuesto y apoyos estatales y federales

El Congreso del Estado aprobó el decreto que adiciona el artículo 32 Bis a la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la planeación, continuidad y eficacia de los programas sociales implementados por los ayuntamientos.
La reforma establece que los municipios que cuenten con programas sociales con al menos dos ejercicios fiscales de operación continua podrán registrarlos como Programas Prioritarios Municipales ante el Sistema Estatal de Desarrollo Social, registro que deberá renovarse de manera anual.
El diputado Fernando Gámez Macías, impulsor de la iniciativa, señaló que esta medida busca fortalecer la capacidad de los ayuntamientos para diseñar e implementar políticas públicas orientadas al bienestar de la población, enfocadas principalmente en la reducción de la pobreza y la desigualdad, así como en la promoción de la inclusión social y el acceso a derechos básicos.
Beneficios del registro
El Registro de Programas Prioritarios Municipales otorgará a los ayuntamientos reconocimiento formal, prioridad en el ejercicio del gasto social municipal y preferencia en la gestión de recursos y apoyos estatales y federales. Para ello, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado será la encargada de establecer los lineamientos técnicos de registro y evaluación, en coordinación con los municipios interesados.
Respeto a la autonomía municipal
La reforma se sustenta en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce la autonomía municipal y la facultad de los ayuntamientos para planificar, diseñar e implementar programas sociales como mecanismos de atención a las necesidades prioritarias de la población.
En este sentido, se reconoce que los programas sociales son herramientas fundamentales para combatir la desigualdad, complementando las acciones que actualmente desarrollan los gobiernos federal y estatal en beneficio de niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y sectores en situación de vulnerabilidad.
Con esta reforma, se abre la posibilidad de que los municipios consoliden sus programas sociales, accedan a mayores recursos y fortalezcan su impacto social, en beneficio directo de las y los potosinos.










