Congreso de San Luis Potosí fortalece el combate a la extorsión con reformas alineadas a la ley federal

Por unanimidad, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, así como de las leyes del Sistema de Seguridad Pública, Orgánica de la Fiscalía General del Estado y de Responsabilidades Administrativas, con el objetivo de fortalecer el marco legal para la prevención, investigación y sanción del delito de extorsión.
La iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, quien explicó que las reformas responden a un proceso de armonización con la legislación federal en la materia, particularmente en lo relativo a sanciones, agravantes y procedimientos aplicables al delito de extorsión.
En el Código Penal del Estado, se modifican las disposiciones del Capítulo VI del Título Octavo, que regula el tipo penal de extorsión, sus agravantes y penalidades, a fin de realizar la remisión correspondiente a la Ley General en la materia, garantizando coherencia normativa y mayor eficacia jurídica.
Respecto a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, se establecen nuevas atribuciones para las instituciones de seguridad estatales y municipales orientadas a la prevención y combate de la extorsión. Entre los cambios destaca la creación del Centro Estatal de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, encargado de la recepción, registro, canalización, atención y seguimiento de denuncias, así como del fortalecimiento de los mecanismos de vinculación con la ciudadanía para informar y orientar sobre la prevención de este delito.
En cuanto a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, las reformas contemplan la creación de una unidad especializada dentro de su estructura táctico-operativa para la investigación y persecución del delito de extorsión y conductas relacionadas. Esta unidad contará con agentes del Ministerio Público, policías de investigación, peritos y analistas debidamente capacitados, evaluados y certificados, conforme a los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de facultades para diseñar y coordinar políticas y estrategias en esta materia.
Finalmente, se reforman disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el propósito de incorporar como faltas administrativas graves aquellas cometidas por servidores públicos que contravengan lo dispuesto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
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