Congreso - 01/01/2026

Centros de Justicia para Mujeres priorizarán municipios con mayor violencia de género

El Congreso del Estado aprobó un decreto que fortalece la protección y el acceso a la justicia para las mujeres víctimas del delito en San Luis Potosí, al establecer criterios claros para la instalación de representaciones municipales del Centro de Justicia para las Mujeres.

A propuesta de la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, se adicionó un último párrafo al artículo 3º de la Ley del Centro de Justicia para Mujeres del Estado, con el fin de que dichas representaciones se instalen prioritariamente en los municipios que registren los índices más altos de violencia contra las mujeres, con base en estadísticas oficiales en materia de violencia de género.

La legisladora señaló que esta medida busca garantizar de manera más efectiva el acceso a la justicia, así como promover la autonomía de las mujeres para que puedan construir proyectos de vida seguros y libres de violencia.

El dictamen reconoce que la violencia contra las mujeres en México es un fenómeno social de carácter estructural, endémico y cultural, frente al cual la legislación y las políticas públicas deben actualizarse de manera constante para mejorar las acciones orientadas a su erradicación.

Como antecedente, se destacó la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres en el estado en 2012, en el marco de una política nacional de prevención del delito con perspectiva de género. Desde entonces, estos centros han operado bajo el modelo nacional establecido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, priorizando la coordinación interinstitucional.

Actualmente, el Centro de Justicia para las Mujeres brinda atención integral, especializada y multidisciplinaria, con enfoque de género y de derechos humanos, concentrando bajo un mismo techo los servicios necesarios para atender a mujeres víctimas de violencia.

Con la reforma aprobada, se establece que la instalación de nuevos centros en los municipios deberá guiarse por estadísticas oficiales, a fin de asegurar que los recursos públicos y los esfuerzos institucionales se destinen a las zonas donde la violencia de género es más grave y donde las mujeres requieren mayor apoyo.