Congreso - 24/01/2026

Proponen ampliar el juicio político a nuevos órganos del Poder Judicial en SLP

La iniciativa se alinea al nuevo diseño constitucional del Poder Judicial del Estado, afirma el diputado Carlos Arreola Mallol.

El diputado local Carlos Arreola Mallol presentó una iniciativa para reformar el artículo 7 de la Ley de Juicio Político del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de incorporar como sujetos de este procedimiento a las personas integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial.

El legislador señaló que la adecuación resulta jurídicamente necesaria y políticamente pertinente, a fin de armonizar la legislación secundaria con el nuevo diseño constitucional del Poder Judicial, garantizando la coherencia del sistema de responsabilidades de las personas servidoras públicas.

Advirtió que mantener la omisión legislativa en este rubro generaría un vacío normativo contrario a los principios de supremacía constitucional, legalidad y seguridad jurídica, al dejar fuera del régimen de control político a autoridades que actualmente ejercen funciones constitucionales relevantes.

En ese sentido, subrayó que la inclusión expresa de estos órganos no amplía ni modifica indebidamente el alcance del juicio político, sino que busca alinear la ley local con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado, atendiendo además a las disposiciones transitorias aprobadas por el propio Poder Legislativo.

La propuesta fortalece el sistema de pesos y contrapesos, así como los principios de rendición de cuentas y responsabilidad administrativa, pilares fundamentales de un sistema democrático.

Con esta reforma, se plantea establecer como sujetos de juicio político al Gobernador del Estado; diputadas y diputados locales; magistradas y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia; magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; personas juzgadoras de Primera Instancia; integrantes del Órgano de Administración Judicial; secretarios de despacho; el Fiscal General del Estado; el Fiscal Especializado en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y el Fiscal Especializado en Delitos Electorales.

Asimismo, se incluyen subsecretarios, directores generales o sus equivalentes de dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales; titulares de organismos constitucionales autónomos; la persona titular de la Auditoría Superior del Estado, así como presidentes municipales, regidores y síndicos.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado.