SLP avanza en desaparición de la Cegaip

El modelo de transparencia de San Luis Potosí se encamina a una reestructuración que modificaría la forma en que se atienden las solicitudes de información y se resuelven las inconformidades de los ciudadanos.

En el marco del informe de gobierno de la presidenta la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se informó sobre el acompañamiento técnico brindado al estado por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública (SNAIP), particularmente en torno a las reformas constitucionales aprobadas recientemente y su proceso de armonización con el marco federal.

Mientras tanto, en el Congreso del Estado permanecen en análisis las iniciativas para crear una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como una Ley de Protección de Datos Personales. Los proyectos fueron turnados a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, donde se prevé la realización de foros, mesas de trabajo y consultas con especialistas antes de su eventual aprobación.

Uno de los principales cambios planteados es la desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y su sustitución por el Instituto Potosino de Apertura Gubernamental (IPAG).

El nuevo organismo quedaría sectorizado a la Contraloría General del Estado y su titular sería designado por el Poder Ejecutivo. La propuesta también contempla eliminar el Pleno de comisionados y el Consejo Consultivo que actualmente forman parte de la estructura de la CEGAIP.

Otro de los cambios está relacionado con las facultades del organismo. El proyecto establece que el IPAG ya no tendría atribuciones para promover acciones de inconstitucionalidad contra normas que pudieran afectar los derechos de acceso a la información pública o protección de datos personales.

La resolución de los recursos de revisión también tendría una nueva distribución. El IPAG atendería las inconformidades relacionadas con dependencias del Poder Ejecutivo y los 59 ayuntamientos, mientras que los casos correspondientes al Congreso del Estado, el Poder Judicial y los organismos autónomos serían resueltos por sus propios órganos de control.

El cambio también alcanzaría los tiempos de respuesta para los ciudadanos. Las iniciativas plantean ampliar de 10 a 15 días hábiles el plazo ordinario para responder una solicitud de información, con la posibilidad de una prórroga de otros 10 días. De aplicarse, el proceso podría extenderse hasta 25 días hábiles.

A pesar de la reestructuración propuesta, el proyecto mantiene las obligaciones de transparencia relacionadas con la publicación y actualización trimestral de información sobre remuneraciones, contratos, presupuesto y deuda pública. También establece que las autoridades no podrán argumentar la inexistencia de documentos que estaban obligadas a generar conforme a la ley.

El nuevo esquema todavía depende de la discusión y eventual aprobación de las leyes secundarias en el Congreso estatal. Su alcance, particularmente en materia de autonomía, resolución de recursos y tiempos de respuesta, será uno de los puntos a seguir durante el proceso legislativo.