Comercios en la Carretera 57 al borde de la quiebra por obras del Grupo Meta: Denuncian

El cierre de un tramo de aproximadamente 50 kilómetros sobre la carretera federal 57 y el consecuente desvío obligatorio de miles de vehículos hacia una autopista de cuota concesionada al Grupo Meta, ha provocado una severa crisis económica entre San Elías, en Villa Hidalgo, y el entronque de Villa de Arista. De acuerdo con representantes comerciales de la zona, la situación amenaza la supervivencia de más de 250 negocios locales, que reportan un devastador desplome de hasta el 70 por ciento en sus ventas habituales.

Israel Moreno y Tomás Maya Peña, portavoces de los afectados, explicaron que la problemática inició hace poco más de un mes. Bajo el argumento de realizar trabajos de reparación en un puente a la altura de San Elías, la empresa concesionaria obstruyó el paso por la ruta libre, obligando a los transportistas que circulan desde Querétaro hacia el norte del país a ingresar a la nueva autopista, donde el peaje para vehículos de carga ronda los 310 pesos. Este desvío cortó de tajo el flujo de clientes hacia restaurantes, vulcanizadoras, “talacheras”, tiendas de abarrotes y puestos de artesanías establecidos a orillas de la vía tradicional.

El impacto económico no solo recae sobre los dueños de los locales, sino que ha golpeado fuertemente a decenas de familias trabajadoras y a las comunidades rurales aledañas. Tomás Maya Peña ilustró la gravedad de la situación con un ejemplo alarmante: de ocho puestos de artesanías que operaban en la zona, siete se han visto obligados a cerrar sus cortinas en las últimas semanas. Además, advirtió que de los negocios sobrevivientes que reportaban ventas del 30 por ciento, actualmente apenas logran captar un 10 por ciento de sus ingresos regulares.

Ante la falta de transparencia de la concesionaria Meta, que se ha negado a mostrar los permisos correspondientes, los comerciantes y transportistas viven en la incertidumbre. Según información extraoficial, la restricción vial tendría una vigencia de tres meses; sin embargo, los afectados advierten que ningún pequeño negocio podrá soportar ese tiempo bajo estas condiciones de asfixia financiera. Por ello, exigen a las autoridades estatales y federales intervenir de inmediato para garantizar el derecho a una alternativa libre de peaje y la habilitación de una incorporación segura antes del primero de noviembre, a fin de evitar un colapso económico total en la región.