PAN respalda la armonización de requisitos para la elección de fiscales en San Luis Potosí

El diputado local Rubén Guajardo Barrera aclaró la postura del Partido Acción Nacional respecto a las recientes reformas aprobadas en sesión extraordinaria por el Congreso del Estado, las cuales modifican los requisitos para la elección de los nuevos titulares de la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Electoral. El legislador panista explicó que estas adecuaciones no representan una nueva imposición, sino una necesaria armonización del marco normativo local con la Constitución Federal, derivada directamente de la reciente reforma judicial. Anteriormente, la legislación potosina establecía que los aspirantes a fiscal debían cumplir con los mismos requerimientos exigidos para ser magistrado; sin embargo, al aprobarse que los integrantes del Poder Judicial sean elegidos mediante voto popular, fue indispensable separar y redefinir estos lineamientos para dar certeza jurídica y autonomía a la integración de los órganos de procuración de justicia.

Con la modificación al artículo 122 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, se definieron criterios específicos para quien aspire a encabezar la Fiscalía General, estableciendo que el cargo tendrá una duración de siete años sin posibilidad de reelección. Entre las disposiciones aprobadas destaca que los candidatos deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, tener al menos treinta y cinco años cumplidos, contar con título y cédula profesional en Derecho con una antigüedad mínima de cinco años, y acreditar una trayectoria jurídica comprobable. Asimismo, se exigen dos años de residencia previa en la entidad y no haber ocupado los cargos de gubernatura, diputación local o presidencia municipal durante el año inmediato anterior a la designación, ni haber fungido como dirigente de un partido político en los tres años previos.

Para garantizar la probidad y el profesionalismo del perfil seleccionado, la reforma también establece candados de idoneidad estrictos. Los aspirantes no podrán encontrarse inhabilitados ni haber sido sancionados por faltas administrativas graves; de igual manera, están impedidos quienes cuenten con una sentencia condenatoria firme por delitos de violencia familiar, violencia contra las mujeres por razón de género o delitos contra la libertad y seguridad sexual, además de prohibirse el registro a quienes figuren en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas.

Finalmente, mediante un artículo transitorio, el Congreso local determinó que estas nuevas condiciones de elegibilidad no tendrán efectos retroactivos. Por lo tanto, no afectarán los derechos adquiridos de la actual titular de la Fiscalía General del Estado, María Manuela García Cázares, quien continuará ejerciendo sus funciones exactamente en los términos previstos durante su toma de protesta, garantizando así la estabilidad y continuidad institucional del órgano autónomo.