La doble moral de Movimiento Ciudadano

POR: Benjamín Ustoa

En política, las reformas legales suelen justificarse con palabras nobles: libertad, derechos, democracia. Pero cuando se revisa el contexto en el que surgen, muchas veces queda claro que no se trata de fortalecer instituciones, sino de acomodar reglas para resolver intereses personales. Eso es precisamente lo que ocurrió en el Congreso de San Luis Potosí con la reciente reforma que permite a los diputados cambiar de bancada durante la legislatura.

La modificación al artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo fue impulsada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, bajo el argumento de garantizar la libertad política y el derecho de asociación de los legisladores. En apariencia, suena razonable: nadie debería estar obligado a permanecer en un grupo parlamentario con el que ya no comparte afinidades.

Sin embargo, el problema no está en el discurso, sino en el momento y en la intención política detrás de la reforma.

La iniciativa surge justo cuando en el Congreso potosino ya se vivía un episodio que evidenciaba el vacío legal: la salida de la diputada Aranzazu Puente Bustindui de Movimiento Ciudadano para incorporarse al Partido Verde. La escena fue reveladora: mientras en tribuna se discutía la reforma, la legisladora ya estaba sentada en la bancada verde, anticipando en la práctica lo que la ley buscaba formalizar.

Esto explica por qué la propuesta generó un debate intenso entre legisladores. Para muchos, no se trataba de un ajuste técnico, sino de un cambio que altera el sentido del voto ciudadano. Los electores no votan únicamente por una persona; también lo hacen por un proyecto político representado por un partido. Permitir que, a mitad de la legislatura, un diputado cambie de bancada equivale a modificar el contrato político firmado con los votantes.

La crítica expresada por el coordinador del PAN, Rubén Guajardo Barrera, resume bien el dilema: cuando un legislador abandona el partido por el que fue electo, se corre el riesgo de traicionar la voluntad popular.

El caso revela además una contradicción incómoda para Movimiento Ciudadano. Un partido que en su discurso nacional presume ser la “nueva política” terminó promoviendo una reforma que parece hecha a la medida de una coyuntura interna. La narrativa de la libertad política choca con la realidad de una legislación impulsada justo cuando uno de sus propios cuadros abandonó la bancada.

En otras palabras, la reforma parece menos un avance democrático y más un intento por regularizar un movimiento político que ya estaba en marcha.

Lo preocupante no es solamente el cambio legal, sino el precedente que deja. Si los diputados pueden cambiar de bancada cuando les convenga, el equilibrio político dentro del Congreso puede modificarse sin pasar por las urnas. La correlación de fuerzas que definió el electorado podría alterarse por acuerdos, presiones o intereses individuales.

Al final, la discusión de fondo sigue abierta: ¿a quién representa realmente un diputado, al partido que lo postuló o únicamente a sí mismo?

La reforma aprobada en San Luis Potosí pretende responder a esa pregunta con el argumento de la libertad política. Pero para muchos ciudadanos, la respuesta es más simple: el mandato original proviene de las urnas, y cambiar las reglas a mitad del juego difícilmente puede considerarse un acto de congruencia democrática.

Porque cuando las leyes se modifican para resolver problemas personales o coyunturales, la política deja de ser un ejercicio de representación y se convierte, una vez más, en un juego de conveniencias. Y eso, lejos de fortalecer la democracia, solo alimenta la desconfianza ciudadana.