Congreso avala que Guardia Civil y policías municipales apoyen al MP en la investigación de delitos

En comisiones unidas, el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la reforma a la Constitución local que permitirá a la Guardia Civil Estatal y a las policías municipales coadyuvar con el Ministerio Público en tareas de investigación de delitos, como parte de la armonización con la reforma federal avalada el año pasado por el Constituyente Permanente.

El dictamen fue avalado por las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social. Al respecto, el diputado Carlos Arreola Mallol explicó que la medida incorpora formalmente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Civil Estatal y a las corporaciones municipales en esquemas de investigación, siempre bajo el mando del Ministerio Público.

La iniciativa fue presentada por la diputada Leticia Vázquez Hernández y el diputado Rubén Guajardo Barrera, y busca homologar la legislación estatal con la ley general en la materia, estableciendo un modelo de coordinación interinstitucional.

Arreola Mallol detalló que las nuevas facultades se asumirán de manera progresiva. Recordó que, a nivel federal, la reforma al artículo 21 constitucional ya otorga estas atribuciones, por lo que ahora se concreta su implementación en el ámbito estatal. “La intención es sumar la capacidad operativa de la Guardia Civil y de las policías municipales a la investigación, sin que la carga recaiga únicamente en la Fiscalía”, señaló.

El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí. A partir de ese momento, autoridades estatales y municipales contarán con un plazo de 180 días para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

Las facultades de investigación para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Civil Estatal se ejercerán a partir del 1 de enero de 2027, mientras que las policías municipales las asumirán desde el 1 de enero de 2028. Se precisó que la conducción de la investigación y la persecución del delito seguirán siendo atribuciones exclusivas del Ministerio Público, aunque ahora se desarrollarán de manera coordinada con las instancias de seguridad estatal y municipal.

El dictamen será turnado al pleno del Congreso para su análisis y votación definitiva.