Legisladores exigen a la UASLP transparencia por gasto millonario y rechazan privilegios injustificados

Diputadas y diputados del Congreso del Estado demandaron que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) rinda cuentas claras sobre un gasto de 2.4 millones de pesos destinado a la compra de ropa íntima, fajas y tops deportivos en un periodo de cuatro años, de acuerdo con información difundida en medios de comunicación. Asimismo, manifestaron su rechazo al pago de pensiones exorbitantes a ex rectores y a erogaciones que consideran carentes de justificación.
La diputada María Dolores Robles Chairez, presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, señaló que estos hechos generan una alerta pública y deben ser atendidos por las instancias fiscalizadoras. Subrayó que la autonomía universitaria no exime de la obligación de rendir cuentas, por lo que consideró indispensable que la UASLP aclare a la brevedad el destino de dichos recursos y contribuya a salvaguardar la imagen institucional.
Por su parte, la diputada Jessica Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, advirtió sobre la existencia de gastos excesivos que no deben presentarse en ningún organismo, sea autónomo o dependiente del gobierno. Indicó que la Universidad debe revisar sus criterios de gasto y percepciones salariales, recordando que en el ámbito público prevalece el principio de austeridad.
“La autonomía no significa privilegios. Hay múltiples necesidades entre la comunidad universitaria, como mejores instalaciones, fortalecimiento académico y espacios deportivos, que deben ser prioridad. La Universidad tiene que explicar por qué se realizaron estos gastos”, afirmó.
En tanto, el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Comisión de Vigilancia, exigió transparencia total y advirtió que no se permitirá que la autonomía universitaria sea utilizada como un escudo para evadir la fiscalización. Señaló que la Comisión solicitará al Instituto Fiscalizador del Estado una revisión exhaustiva de las facturas emitidas entre 2022 y 2024 a favor de la empresa proveedora, debido al incremento atípico y desproporcionado de los montos.
“El manejo de recursos públicos obliga a rendir cuentas. La autonomía protege la libertad académica, no operaciones financieras opacas”, sostuvo el legislador, quien también llamó a investigar el presunto uso de cargos diseñados para asegurar pensiones de lujo, en contravención a los principios de austeridad y mérito profesional.
Las y los legisladores coincidieron en que el esclarecimiento de estos hechos es indispensable para garantizar el uso responsable de los recursos públicos y preservar la confianza ciudadana en una de las instituciones educativas más importantes del estado.










