El Ayuntamiento de San Luis Potosí presenta solicitud de Juicio Político contra Ricardo Gallardo; buscan inhabilitarlo 20 años de la función pública

 

Este lunes, el ayuntamiento de la capital presentó ante el Congreso del estado una denuncia de juicio político en contra del ex presidente municipal Ricardo Gallardo Juárez y el diputado local Emmanuel Ramos.

En rueda de prensa, la síndico municipal Alicia Nayeli Vázquez señaló que con este juicio político se busca la inhabilitación por 20 años de estas personas de cualquier empleo o puesto público independientemente de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que ya se han reclamado.

“Dentro de esta denuncia de juicio político en contra de Ricardo Gallardo Juárez y en contra del diputado Jesús Emmanuel Ramos solicitamos al congreso del Estado y dada la gravedad de sus actos en contra del ayuntamiento de San Luis Potosí, se decrete la inhabilitación por 20 años a Ricardo Gallardo para el desempeño de cualquier puesto, cargo y comisión en el servicio público”.

Comentó que en el caso del diputado Jesús Emmanuel Ramos se solicita que se le destituya del cargo, se le inhabilite por 20 años para el desempeño de cualquier cargo público y de elección.

Indicó que dentro del juicio político presentado se exponen diversos casos al Congreso del Estado, como el daño al erario público municipal por una cantidad de hasta mil 30 millones de pesos.

Entre los otros casos que se presentaron al Congreso del Estado están los contactos y pagos hechos a una Empresa Facturadora de Operaciones Simuladas (EFOS) por parte de la Secretaria de Administración Tributaria seis facturas con un monto aproximado de 6 millones de pesos.

También presentaron el caso de obras pagadas y no ejecutadas por la pasada administración, como en Fray Diego de la Magdalena.

“Un terreno en favor de Ricardo Gallardo Dentro del área natural protegida, dentro del área natural protegida denominada Paseo de la Presa, desacatando la decisión de un juez federal”.

Además de retenciones a los trabajadores y empleados municipales al SAT, con un suma de 267 millones de pesos.

“Se traduce en una defraudación a la Hacienda Pública, de desviaron recursos públicos, con la ilegalidad de sus actos la ciudadanía careció de servicios públicos de calidad, atentaron y siguen atentando en contra del medio ambiente, porque siguen luchando por obtener el área que se quieren adjudicar en el área natural protegida”.